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El Congreso aprueba definitivamente la ley de residuos, que crea nuevos impuestos para plásticos y vertederos

La norma, que recupera el canon hidroeléctrico, prohíbe también productos plásticos de un solo uso, obliga a los supermercados a dedicar al menos un 20% de su superficie a la venta a granel y ofrece respaldo legal para vetar el tabaco en playas

Contenedores en la plaza del Castillo de Pamplona.
Contenedores en la plaza del Castillo de Pamplona.Jesús Diges (EFE)
Manuel Planelles

El Congreso de los Diputados ha dado el definitivo visto bueno a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que supondrá la creación de dos nuevos impuestos: uno sobre los envases de plástico de un solo uso y otro que grava el depósito de desechos en vertederos y la incineración. Además, a través de un par de enmiendas, se modifica la Ley de Aguas para poder recuperar el canon hidroeléctrico que deberán pagar las compañías eléctricas y que fue anulado por el Tribunal Supremo. La Comisión Europea está haciendo un marcaje de la tramitación de esta norma y ha abierto un expediente de infracción contra España por no haber aplicado ya el veto a la comercialización de varios productos de plástico de un solo uso, que se incluye en la ley.

De hecho, los dos nuevos impuestos se crean a instancias de Bruselas. El de los envases está recogido en una directiva comunitaria que los Veintisiete deben cumplir. El que grava el depósito de residuos en los vertederos y la incineración surge de una recomendación que la Comisión realizó a España en 2018 ante las bajísimas tasas de reciclaje que tiene el país. La UE impuso hace más de una década que todos sus miembros debía reciclar en 2020 el 50% de sus residuos municipales. Pero en 2020, España estaba en el 36%, según los datos de Eurostat. Lejos de aflojar, Europa ha establecido metas aún más duras y en 2030 se deberá llegar al 60% y en 2035, al 65%. La norma aprobada hoy deberá servir para enderezar el rumbo.

La ley incluye el veto a la comercialización de determinados utensilios de plástico de un solo uso como pajitas, vasos y platos, y prohíbe añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. También contempla la obligación de que los bares ofrezcan agua no embotellada gratis a los clientes, el impulso a la venta a granel en las grandes superficies comerciales y ofrece amparo legal a los ayuntamientos para que puedan prohibir que se fume en las playas.

Aquella recomendación de Bruselas de 2018 de la Comisión también pedía que España introdujera la obligación de la recogida separada de la basura orgánica —el contenedor marrón que ya empiezan a imponer algunas regiones—. La nueva ley de residuos establece que a partir de julio del año que viene todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán contar con sistemas de recogida separada de la basura orgánica, además de las de papel, metales, plástico y vidrio —las localidades más pequeñas tendrán de margen hasta 2024—. Además, todos los municipios deberán tener recogida separada también de residuos textiles y de aceites de cocina antes del 31 de diciembre de 2024.

El informe de la Comisión también proponía que se fijaran objetivos vinculantes de recogida separada para las administraciones locales. Para 2035, “el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente será como mínimo del 50% en peso del total de residuos municipales generados”, señala ahora la nueva ley de residuos, que sustituye a la de 2011.

Estas son otra de las medidas importantes de esta nueva norma:

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Sistemas de retorno

La nueva norma también aborda la posible implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases. Se trata de un asunto polémico, porque mientras que Ecoembes, la entidad que representa los intereses de los productores y los supermercados, defiende que el modelo actual de recogida de envases de plástico —basado en los contenedores amarillos— funciona, la mayoría de grupos ecologistas y varias formaciones políticas denuncian los fallos de ese modelo y piden la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno para los envases; es decir, que los clientes depositen los envases en el comercio y se les devuelva una pequeña fianza cuando lo hagan. 

La nueva ley abre la puerta a que se implante este sistema para las botellas de plástico. Pero lo condiciona al incumplimiento de unos objetivos de reciclaje. En 2023, se tendrá que haber llegado a una tasa del 70% de botellas recicladas y en 2027 la meta será del 85%. Si no se cumplen estos dos objetivos, la norma establece que “se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases”.


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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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