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Ceuta y Melilla, la nueva vía de escape de Sudán

Los sudaneses, machacados por largas y penosas rutas migratorias, han sido protagonistas de los últimos saltos. Desde 2019 se ha disparado el número de nacionales de este país que ha buscado refugio en España

VÍDEO | Nuevas imágenes del salto de la valla de MelillaFoto: ANTONIO RUIZ | Vídeo: LE360

Entre los cerca de 1.700 migrantes y refugiados que el viernes intentaron entrar en Melilla, había un importante grupo de sudaneses. No ha trascendido la nacionalidad de los 23 muertos que Marruecos ha reconocido, pero sí que cerca del 80% de las 133 personas que consiguieron llegar a la ciudad autónoma vienen de Sudán, según fuentes oficiales y los abogados que los están asistiendo.

En los dos últimos saltos a la valla de Melilla, registrados el 2 y el 3 de marzo, también llamó la atención la cantidad de sudaneses que participaron. Esos dos días, 2.000 y 1.200 personas, respectivamente, intentaron saltar el perímetro fronterizo. En esa ocasión, más de 850 jóvenes lo lograron, y entre ellos había 343 malienses y 294 sudaneses, según fuentes oficiales, las dos nacionalidades más numerosas. Ambos países son importantes emisores de refugiados.


El número de sudaneses que ha pedido asilo en España se ha disparado desde 2019, según datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Aquel año, apenas 40 personas de este país solicitaron protección, un número que se redujo a la mitad en 2020, en parte debido a las restricciones fronterizas por la pandemia. En 2021, las cifras ascendieron y 305 sudaneses pidieron asilo. Y en lo que va de 2022 ya son 419 peticiones de nacionales de Sudán, sin contar las últimas entradas. La inmensa mayoría acceden saltando las vallas de Ceuta y Melilla, la vía elegida por los migrantes con menos recursos, que no pueden costearse una plaza en una patera.

Tradicionalmente, los sudaneses solían utilizar la ruta libia para llegar a Italia, pero la situación del país convertido en Estado fallido y los documentados abusos que sufren los migrantes allí (secuestros, extorsión, torturas o explotación laboral), han forzado a muchos de ellos a cambiar su ruta migratoria hacia España tras meses o incluso años en tránsito. Desde Libia, pasan por Argelia y Marruecos antes de intentar su entrada en España.

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Sudán es un país sumido en una profunda inestabilidad. Los militares tomaron el poder en abril de 2019 y derrocaron al dictador Omar al Bashir tras meses de revueltas populares reprimidas con extrema violencia por el Ejército. Un largo periodo de negociaciones desembocó en un acuerdo entre la sociedad civil y la junta militar para una transición rápida hacia la democracia, pero este descarriló en octubre de 2021 con un nuevo golpe de Estado que provocó otro ciclo de protestas callejeras organizadas por los llamados comités de resistencia, que se enfrentan a una violenta represión. En los últimos ocho meses ha fallecido al menos un centenar de personas en dichas manifestaciones.

Sin embargo, la situación en Darfur, la región del oeste del país de donde han salido muchos de los sudaneses que han llegado a España, es aún más dramática. El conflicto que se vivió entre 2003 y 2008 y provocó al menos 300.000 muertos había vivido un periodo de relativa calma hasta que la subida al poder de los militares en abril de 2019 y el final de la misión de paz de Naciones Unidas y la Unión Africana en diciembre de 2020 sentó las bases para un nuevo ciclo de violencia. El último incidente grave se vivió el pasado abril, cuando milicianos de la comunidad árabe, históricamente apoyados por los militares sudaneses, atacaron a miembros de comunidades negras de la etnia massalit, provocando al menos 200 muertos. Este conflicto ha empujado al éxodo a unos dos millones de personas.

Las circunstancias que viven en su país acaban siendo reconocidas en España, aunque para ello se vean forzados a recorrer miles de kilómetros y a saltar vallas. Casi el 92% de los casos de sudaneses estudiados se resolvieron con el reconocimiento de su estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, dos figuras que reconocen el grave riesgo de volver a su país y la persecución. Este reconocimiento les permite vivir y trabajar en España y la asistencia necesaria para su inclusión en el país.

El Gobierno, a través de su presidente Pedro Sánchez, y su portavoz, Isabel Rodríguez, ha insistido en culpar a las mafias de las muertes al otro lado de la valla de Melilla. No han dado detalles, sin embargo, de cuál habría sido el papel de las redes que trafican con personas en este episodio. Aunque las mafias tienen un papel importante a la hora de facilitar el tránsito desde los países de origen hasta los países de salida o para organizar de las rutas por mar en pateras, en los saltos a la valla su función irrelevante, como han señalado fuentes de las fuerzas de seguridad españolas a EL PAÍS. Lo normal es que estas acciones sean autogestionadas por los migrantes. Sí hay cabecillas, pero forman parte del grupo, no se dedican a traficar con personas y no cobran, añaden las mismas fuentes. Así lo explican también los propios migrantes y refugiados.

En su posición oficial, el Gobierno tampoco ha tenido en consideración que los refugiados que entran irregularmente en España lo hacen porque no han encontrado otra manera de hacerlo. En su ley de asilo de 2009, que hasta ahora sigue sin un reglamento que regule su aplicación, España da la posibilidad de pedir asilo en embajadas o consulados, pero esta vía es totalmente anecdótica y no es una opción para la inmensa mayoría de nacionalidades con necesidades de asilo. Las últimas cifras de 2021 lo demuestran: de las 65.404 solicitudes de asilo presentadas en España, apenas 410 se registraron en delegaciones consulares. Casi la totalidad suelen ser peticiones de reagrupación familiar de refugiados que ya han logrado asentarse en España.

El éxodo del Sahel

Los últimos saltos han tenido como protagonistas otras nacionalidades que acaban siendo reconocidas como beneficiarias de protección. Se trata, sobre todo, de emigrantes que salen de Malí, pero también de burkineses, chadianos y nigerinos.
El Sahel occidental está inmerso en una espiral de violencia que se ha agudizado aún más en los últimos meses. La insurgencia yihadista que arrancó en 2012 en Malí golpea desde 2015 con dureza también en Burkina Faso y Níger, un conflicto que ha provocado al menos 25.000 muertos en la última década y unos cuatro millones de desplazados y refugiados. La incapacidad de Malí y Burkina Faso para frenar esta violencia está en el origen de los recientes golpes de Estado en ambos países, que llevaron al poder a juntas militares.

Además, la operación militar francesa Barkhane que ha estado en el centro de la respuesta armada a los grupos terroristas afiliados a Al Qaeda y Estado Islámico que masacran a la población o la obligan a vivir bajo sus órdenes, está a punto de retirarse de Malí por desacuerdos con los nuevos gobernantes, lo que desde finales de 2021 ha abierto la puerta a la presencia rusa a través de cientos de mercenarios de la compañía Wagner. El desembarco de este nuevo actor militar ha provocado un repunte de la violencia. Solo en Malí han sido asesinados este año más de 500 civiles, según cifras de la ONU.

La conjunción de conflictos preexistentes, shocks climáticos como lluvias torrenciales o sequías, la pandemia de covid y ahora el impacto económico de la guerra de Ucrania, con la subida de precios de los productos de primera necesidad y la escasez de cereales y fertilizantes, está agravando la situación de millones de personas en África. El Programa Mundial de Alimentos ya anunció a comienzos de junio la reducción a la mitad de sus raciones de ayuda humanitaria para desplazados y refugiados por estas crisis debido a la guerra en Ucrania. Las tasas de malnutrición infantil se han disparado desde comienzos de año.

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