Sin previo aviso, hoy a las 4am de la mañana el Régimen de Ortega Murillo sacó del país vía aérea a 222 personas prisioneras políticas con rumbo a Washington en Estados Unidos. Todas estas personas fueron deportadas y sus derechos ciudadanos suspendidos de forma perpetua, conforme la lectura de la Resolución realizada hoy por el Juez Octavio Rothschu del Tribunal de Apelaciones de Managua.
“Luego de más de dos años y medio de detenciones arbitrarias, de juicios y condenas nulas en su contra, estamos satisfechas que estás personas no estén sufriendo más las condiciones infrahumanas en las que se encontraban”, declaró Vilma Nuñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH. “Sin embargo, la deportación es una figura jurídica que se aplica a extranjeros que comenten delitos en un país. Le quieren llamar deportación a un destierro, lo que es absolutamente arbitrario y prohibido en normas internacionales de derechos humanos”, agregó.
Sólo horas después de la liberación de los presos políticos, todos los cuales fueron condenados bajo la Ley 1055, la Asamblea Nacional modificó la Constitución de Nicaragua para quitarle la nacionalidad nicaragüense a personas condenadas bajo dicha ley. Ello constituye un uso represivo de la ley, característico del Régimen Ortega Murillo, y lo cual significará la pérdida de nacionalidad de todas las personas liberadas, y por ende su exilio forzado en Estados Unidos.
A pesar de las circunstancias es un alivio para las familias y un logro de la población nicaragüense y de la comunidad internacional que no cesaba en su llamado principal a la liberación de todas las personas presas políticas en Nicaragua y el cese de la tortura. La FIDH y el CENIDH continuarán exigiendo la liberación de todas las personas presas políticas y denunciando las violaciones a los derechos humanos del régimen.