Quita de subsidios, licuación de jubilaciones y obra pública cero: el ajuste tras la frustrada ley ómnibus

“No hay plata y el equilibrio fiscal no es negociable” es una de las frases de cabecera del presidente Javier Milei. Eliminar el déficit es uno de los principales objetivos del Poder Ejecutivo y, si bien, la ley ómnibus consistía en un paquete de leyes que iban en esa dirección, el hecho de que haya vuelto a comisión no reduce el poder que tiene el gobierno para alcanzar dicho objetivo.

En una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la caída de la Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos “no afecta” a su programa económico ya que no se puede gastar más de lo que ingresa en términos fiscales porque, si no, hay que recurrir a la emisión y eso genera inflación.

Sin embargo, para alcanzar el objetivo del déficit 0 existen dos herramientas: por un lado, los impuestos o tributos que son mecanismos por los cuales el Estado se hace de recursos genuinos y, por otro lado, recortes en el gasto. En este sentido, si bien, el Gobierno viene utilizando ambas herramientas, la vuelta a comisión de la ley ómnibus y el retiro del capítulo fiscal—que preveía, entre otras cosas, un incremento en las retenciones a las exportaciones y el regreso de Ganancias— hace que el camino hacia el equilibrio se apuntale desde el lado de los gastos.

Guido Zack, director del área de Economía de Fundar aseguró que “caída la ley ómnibus y, previamente, caído todo el paquete fiscal, sumado a que retiraron la restitución de Ganancias, lo que les queda es la parte del gasto” y que, “en algún punto, la ventaja que tienen en términos fiscales (no así del nivel de actividad) es que están trabajando con el presupuesto 2023 y, dado el contexto inflacionario, hay una discrecionalidad total para ver que partidas ajustan por inflación y cuales, por debajo, implicando un recorte en términos reales”.

“Si se mantiene la actual formula jubilatoria, el sistema previsional va a sufrir un ajuste realmente importante porque además tienen la discrecionalidad del bono. Convengamos que la mínima se encuentra alrededor de $105.000 y con el bono alcanzaría los $160.000 pero ese bono no tiene ninguna obligación de mantenerse, con lo cual el próximo ajuste daría menos que $160.000 (sumado al bono que consideren), motivo por el cual, se seguiría erosionando el poder adquisitivo de la jubilación mínima”, agregó.

“En definitiva, el margen que tienen es por el lado del gasto sumado a que vienen anunciando una reforma tributaria integral que eventualmente eso puede reforzar algunos impuestos, pero eso, previamente, tiene que pasar por el Congreso”, concluyó el economista. En este sentido, desde el think tank heterodoxo plantean una reforma tributaria integral en su documento “Hacia un sistema tributario federal armónico”.

Uno de los indicadores de que el Gobierno no precisa la ley ómnibus para consolidar el fuerte ajuste es la ejecución del gasto primario real. En este sentido, el monitor de gasto primario elaborado por la consultora Analytica muestra que, durante enero, el gasto real disminuyó un 30,6% respecto del mismo mes del año anterior y que nominalmente creció 148% —muy por debajo de la inflación—.

A su vez, el documento muestra que entre las partidas con mayores ajustes reales se encuentran la obra pública (70,5%), las transferencias a provincias (58,9%) y los programas sociales (40,7%). Si bien, la única partida con aumentos reales fue la correspondiente a subsidios económicos (+163%), la vuelta a comisión de la ley ómnibus parece poner en jaque dicha partida, también.

El boleto de colectivo puede volver a subir hasta los $1.000

Durante la mañana del jueves 8 de febrero de este año, el Gobierno nacional anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior a través del cual se subsidia a las empresas de colectivos urbanos. La medida tendrá un impacto directo en la tarifa de transporte que pagará el país menos el AMBA —que ya había sufrido un aumento de, alrededor del 250% en la tarifa de colectivo—. Esta medida, anunciada dos días después de que la ley volviera a comisión, parece ser una venganza contra los gobernadores, pero la realidad es que tendrá un impacto tan fuerte que, si las provincias no se hacen cargo de la diferencia que dejan de percibir por parte del Estado Nacional, la tarifa de transporte público se ubicará en torno a los $800 o $1.000 según el lugar.

En un contexto de asfixia económica y financiera por parte del Gobierno nacional para con las provincias, es difícil pensar que podrán afrontar el pago de subsidios con recursos propios.

Según la Secretaría de Transporte, quienes reciban algún tipo de ayuda directa por parte del Estado —como puede ser la AUH— mantendrán los subsidios por tarifa social, en tanto y en cuanto utilicen la tarjeta SUBE. En aquellas provincias y/o ciudades en las cuales no haya SUBE, no habrá subsidios nacionales de ningún tipo para el transporte urbano.

Esto generará, sin dudas, una nueva caída en el consumo privado, contribuyendo a profundizar la recesión en la que se encuentra, actualmente, la economía. A su vez, el incremento en los costos de transporte tendrá un impacto negativo en la competitividad —sumado a los incrementos previos en el combustible— porque el costo efectivo del trabajo aumentará.

Menores ventas producto de la caída del consumo y mayores costos son dos elementos de un círculo vicioso que, además de las consecuencias sociales obvias, ponen en jaque el programa de gobierno ya que si no hay ventas y no hay rentabilidad, la recaudación tenderá a caer, complicando de sobremanera el objetivo de eliminar el déficit fiscal de manera sostenible ya que de nada sirve controlar la inflación por algunos meses a costa de destruir el tejido productivo y con serios riesgos de que, una vez restituido el déficit fiscal por falta de recaudación —y con poco acceso a los mercados de deuda—, la inflación vuelva a dispararse.

IC/JJD