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El aumento de la temperatura media del planeta nos costará mucho: pérdida de biodiversidad, aumento de eventos climáticos extremos, extinción de especies y, más inmediatamente, dinero para afrontar todos los cambios y catástrofes.Hacer una transición hacia renovables nos costaría mucho menos, pero la cifra es alta.
De acuerdo con un análisis de IEA, para cumplir los compromisos climáticos, la financiación de proyectos de energías limpias en América Latina debe duplicarse de aquí a 2030 hasta alcanzar los 150.000 millones de dólares, y quintuplicarse de aquí a 2050.
No hay consenso sobre la cifra exacta. Lo que se sabe es que el simple aumento de las energías renovables no es suficiente para la transición energética, que incluye “alejarse de los combustibles fósiles". La consultora McKinsey & Company analizó las inversiones necesarias para la descarbonización y estimó en 700.000 millones de dólares anuales el costo de la transición energética en América Latina.
Saber cuánta plata necesitan los países no es lo único difícil. Otro desafío es efectivamente conseguir este dinero. La COP29, en Azerbaiyán, terminó con una meta financiera de 300 mil millones de dólares al año para 2035, un billón menos de lo que fue la demanda conjunta de los países en desarrollo.
El resultado no está en línea con La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ni con el Acuerdo de París, que establecen que los países en desarrollo deben proveer recursos financieros para alcanzar los costos en los que incurran los países en desarrollo. Sin inversiones no se cumple, por ejemplo, la meta de triplicar las renovables hasta 2030, establecida en la COP28, en Dubái.
América Latina tiene un reconocido potencial para renovables, y una matriz eléctrica mucho más limpia que la media mundial, con alrededor de 60% de renovables.
Pero al mismo tiempo, la región posee cerca del 15% de los recursos mundiales de petróleo y gas fósil, y la exploración representa parte importante de la economía de muchos países. En Venezuela, por ejemplo, el sector determina el desempeño del PIB; en Ecuador una parte significativa de los ingresos proviene del petróleo, lo que se repite en otros países.
Eso importa para el financiamiento de las energías renovables, principalmente por dos motivos: la industria petroquímica, bien establecida, es considerada por el sistema financiero como una inversión más segura que la industria de renovables. Además, una parte importante del financiamiento climático proviene de recursos públicos, que, a su vez, provienen de impuestos, con las industrias más grandes, como la petroquímica, desempeñando un papel relevante en esas recaudaciones (cabe destacar que los gobiernos también destinan grandes sumas en subsidios a esta industria, lo que hace más complejo calcular su contribución real).
El hecho es que, además de saber cuánta plata necesita América Latina para una transición hacia las energías renovables, y de asegurar un financiamiento suficiente en las negociaciones climáticas, es necesaria una nueva mirada a la arquitectura financiera.
Los países pueden acceder a financiamiento principalmente a través de cuatro instrumentos: deuda, préstamos para proyectos, acciones y subsidios. Las inversiones pueden provenir de agentes públicos o privados, y existen subcategorías dentro de cada una. Los agentes tienen diferentes niveles de tolerancia al riesgo, siendo el sector privado el menos tolerante. Dado que la deuda es la categoría con menor riesgo, es también la forma de inversión más común en América Latina. Los préstamos representan cerca del 70% del financiamiento climático desde 2016, lo que contribuye al endeudamiento de los países de nuestra región.
En resumen, además de planear su transición y conseguir inversiones, es necesario que América Latina tenga acceso facilitado y no generador de deuda. En la nueva meta colectiva global cuantificada (NCQG, por sus siglas en inglés), firmada en la COP29, se reconoce la necesidad de financiamiento público basado en subvenciones y no préstamos.
Con la COP latinoamericana acercándose, es tiempo de voluntad política para volver efectiva la matemática, sin la cual no habrá transición.
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