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La abogada y defensora de los derechos humanos Ruth López fue detenida
sin orden judicial. Desaparecida desde hace más de doce horas, permanece
detenida sin cargos.
- En el contexto de un estado de
emergencia, la aprobación de la nueva ley de «agentes extranjeros»
restringe aún más el espacio para la sociedad civil en El Salvador.
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La FIDH y la OMCT, a través de su programa conjunto del Observatorio
para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, hacen
un llamado a las autoridades salvadoreñas para que la liberen
inmediatamente y a la comunidad internacional para que no permanezca en
silencio frente a la continua persecución de las personas defensoras de
derechos humanos.
28 de mayo de 2025, París, Ginebra.
La arbitrariedad se convierte en la norma para silenciar las voces
independientes en El Salvador. El 18 de mayo de 2025, a las 23 horas, Ruth López, reconocida abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, fue detenida
en su domicilio por la Policía Nacional Civil. Privada de contacto con
su familia y sus abogados por más de doce horas, fue trasladada sin
explicación a través de varios centros de detención. Hasta la fecha, no
se le han formulado cargos de manera oficial, aunque la Fiscalía la
acusa públicamente de malversación de fondos.
«Lo que está sufriendo Ruth López no es un caso aislado: es una
estrategia de terror destinada a silenciar a quienes se atreven a decir
la verdad», declaró Jimena Reyes, responsable de la oficina para las Américas en la FIDH.
Cristosal, fundada por obispos anglicanos y comprometida con la
defensa de personas desplazadas, perseguidas o en situación de
vulnerabilidad, está ahora en la mira de las autoridades. Su labor se
vuelve cada vez más difícil en un país que se hunde en el autoritarismo.
Cristosal se une así a otras organizaciones señaladas por el gobierno,
como la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC). La libertad de prensa también está amenazada, con recientes agresiones
a periodistas del medio de comunicación en línea El Faro, tras la
revelación de presuntos vínculos entre el gobierno y estructuras del
crimen organizado. La última ofensiva registrada: la adopción, el 20 de
mayo de 2025, de la “Ley de Agentes Extranjeros”, una legislación
liberticida que amenaza la supervivencia financiera y la existencia
misma de la sociedad civil independiente.
«Estamos presenciando una instrumentalización alarmante del
derecho penal para silenciar voces críticas. Este clima de miedo es
incompatible con cualquier Estado de derecho o democracia», declaró Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Una ley para silenciar a la sociedad civil
Aprobada con carácter de urgencia, la “Ley de Agentes Extranjeros”
obliga a las ONG que reciben financiamiento internacional a registrarse
como tales, bajo pena de sanciones. Se impone un impuesto del 30 % sobre
estos fondos, y se prohíbe cualquier actividad considerada política,
una formulación ambigua que deja margen a la más absoluta arbitrariedad.
Este texto se inspira en leyes ya utilizadas para reprimir los
contrapesos en regímenes autoritarios, como en Nicaragua, y marca una
nueva etapa en la criminalización de la solidaridad en El Salvador, bajo régimen de excepción desde 2022.
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